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Acuerdo sobre aceras en Panamá: qué deben hacer los propietarios y por qué surgió la polémica
El acuerdo contempla sanciones de hasta $5,000 por incumplir las disposiciones relacionadas con las aceras, una cifra que generó preocupación entre propietarios de viviendas
El nuevo reglamento municipal sobre las aceras en el distrito de Panamá abrió un debate que va más allá de las multas.
La discusión gira en torno a quién debe asumir el costo de las adecuaciones, qué cambios tendrán que realizar los propietarios de viviendas y comercios y hasta dónde llega la responsabilidad de la Alcaldía de Panamá en garantizar espacios seguros para los peatones.
La controversia surgió tras la aprobación del Acuerdo Municipal N.° 316 del 13 de octubre de 2026, que adopta la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público (GDU-EP).
La normativa establece nuevas condiciones para la construcción, adecuación y mantenimiento de las aceras, además de fijar plazos para cumplirlas y sanciones por incumplimiento.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la disposición que establece que los propietarios de los inmuebles colindantes con las vías deben construir, adecuar, mantener y limpiar las aceras correspondientes al frente de sus propiedades.
Esto significa que, aunque las aceras son consideradas bienes de uso público y forman parte de la servidumbre vial, la responsabilidad de mantenerlas en condiciones adecuadas recae sobre los dueños de los terrenos o edificaciones que colindan con ellas.
¿Qué deben hacer los propietarios y cuánto tiempo tienen?
Entre las disposiciones que generaron mayor inquietud está el plazo de 60 días calendario para realizar las adecuaciones consideradas prioritarias, una vez entre en vigencia el acuerdo.
Durante ese periodo, los propietarios deberán garantizar un ancho mínimo de acera, retirar elementos que obstaculicen el paso peatonal, corregir vertidos de agua hacia estos espacios y reemplazar materiales que puedan provocar resbalones.
La guía establece que las aceras deben tener un ancho libre continuo de 1.80 metros. En sectores urbanos consolidados donde existan limitaciones físicas, se contempla una excepción que permite reducirlo a 1.50 metros, siempre que se mantenga la continuidad del recorrido accesible.
También se exige una altura libre mínima de 2.40 metros, sin obstáculos que interfieran con la circulación.
Otro punto importante es la prohibición de utilizar azulejos, cerámicas, porcelanatos y otros materiales resbaladizos. Los acabados deberán cumplir con condiciones técnicas que garanticen una superficie antideslizante, incluso cuando esté mojada.
La normativa también busca eliminar los desniveles y escalones que dificultan el desplazamiento de peatones, especialmente de personas con discapacidad, adultos mayores y quienes utilizan sillas de ruedas.
No todas las adecuaciones tienen el mismo plazo. Algunas deberán ejecutarse en seis meses, como la corrección de pendientes en los vados peatonales y la reubicación de tinaqueras.
Otras, como la eliminación definitiva de escalones y la instalación de pavimentos podotáctiles para personas con discapacidad visual, cuentan con un periodo de hasta dos años.
La multa de $5,000: ¿se aplicará de inmediato?
Este es otro de los puntos que encendió la discusión. El acuerdo contempla sanciones de hasta $5,000 por incumplir las disposiciones relacionadas con las aceras, una cifra que generó preocupación entre propietarios de viviendas y establecimientos comerciales.
Sin embargo, la Alcaldía ha aclarado que las multas no se aplicarán automáticamente por el simple vencimiento de los 60 días.
Según explicó David Tapia, director de Planificación Urbana del municipio, el procedimiento contempla una etapa de inspección y notificación.
Una vez emitida la boleta correspondiente, el propietario dispone de cinco días hábiles para presentar los planos de adecuación y de un mes calendario para ejecutar los trabajos, con posibilidad de solicitar una prórroga por otro mes.
Si el propietario corrige la irregularidad dentro del procedimiento, el expediente se cierra sin imponer la multa.
La Alcaldía sostiene que el propósito de las sanciones no es recaudar dinero, sino evitar que particulares y comercios se apropien de espacios destinados al tránsito público.
Entre las situaciones que busca corregir están los talleres y lavaautos que utilizan las aceras para desarrollar sus actividades, obligando a los peatones a caminar por la calle.
¿Por qué se cuestiona el acuerdo?
Las críticas no se limitan al monto de las multas. Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la responsabilidad que se traslada a los propietarios para adecuar infraestructuras que, en algunos casos, fueron construidas bajo normas y permisos municipales anteriores.
El diputado y abogado Ernesto Cedeño anunció que presentará una demanda contencioso-administrativa contra el acuerdo, al considerar que podría contener disposiciones contrarias a la Constitución y a la ley.
Su cuestionamiento se centra en la seguridad jurídica de los propietarios que realizaron inversiones con autorizaciones de las autoridades y que ahora podrían verse obligados a ejecutar nuevas obras para ajustarse a las condiciones establecidas.
El debate plantea una interrogante de fondo: ¿hasta dónde puede una nueva regulación exigir cambios en construcciones que fueron aprobadas legalmente bajo disposiciones anteriores y quién debe asumir el costo de esas adecuaciones?
Para la Alcaldía, las nuevas exigencias buscan recuperar espacios públicos y garantizar que las aceras cumplan su función.
Para quienes cuestionan la normativa, el problema está en que esa responsabilidad no puede trasladarse sin considerar los permisos otorgados, las condiciones de cada inmueble y la capacidad económica de los propietarios.
La Alcaldía anuncia una revisión del acuerdo
Ante los cuestionamientos, la Alcaldía de Panamá anunció que revisará el Acuerdo Municipal N.° 316 por instrucciones del alcalde Mayer Mizrachi.
Tapia confirmó que la revisión permitirá evaluar las observaciones surgidas después de la publicación de la normativa.
Aunque defendió que el documento fue elaborado durante más de un año, con consultas a comunidades y gremios, reconoció que su divulgación abrió un espacio para recibir comentarios de la ciudadanía.
Uno de los aspectos que podría modificarse es la disposición relacionada con el retiro de dos metros para las portacocheras.
El funcionario explicó que esta exigencia estaba concebida principalmente para proyectos nuevos y que se evaluará su aplicación a edificaciones existentes.
También aclaró que no se trata de una obligación general para que todas las viviendas retiren sus portones dos metros.
En el caso de los portones que abren hacia afuera, pueden mantenerse siempre que no permanezcan obstaculizando el paso peatonal.
Sobre los materiales de las aceras, precisó que la normativa no prohíbe todas las baldosas, sino aquellas que no cumplen con las condiciones antideslizantes.
Un problema que va más allá de las multas: el estado de las aceras
El debate también ha puesto sobre la mesa un problema que enfrentan diariamente los peatones en la ciudad de Panamá: aceras estrechas, desniveles, obstáculos, superficies resbaladizas y tramos interrumpidos que obligan a caminar por la calzada.
Estas condiciones afectan especialmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y quienes se desplazan con coches de bebé o sillas de ruedas.
Desde esa perspectiva, el objetivo de la regulación tiene un componente de accesibilidad y seguridad vial. Las aceras no son una extensión de las propiedades privadas ni espacios que puedan utilizarse libremente para estacionar vehículos, colocar mercancías o desarrollar actividades comerciales.
La discusión, por tanto, no se reduce a estar a favor o en contra de las multas. También plantea cómo recuperar el espacio público sin generar cargas desproporcionadas para los propietarios y cómo garantizar que las nuevas exigencias se apliquen de manera justa.
La propia Alcaldía ha reconocido que debe revisar algunos aspectos del documento. Ahora queda por conocer qué cambios se introducirán, cómo se atenderán las objeciones legales y de qué manera se aplicará la normativa en los distintos sectores del distrito capital.
Mientras tanto, el Acuerdo 316 ha abierto una discusión necesaria sobre el modelo de ciudad que se quiere construir: una en la que el peatón tenga prioridad, pero en la que las obligaciones de los ciudadanos y las autoridades estén claramente definidas.
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