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Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, ha acusado al Gobierno de Panamá de violar las convenciones sobre asilo al negar el salvoconducto para que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal abandone el territorio panameño.
El pronunciamiento se hizo horas después de enterarse de que Panamá rechazó su solicitud.
De acuerdo con una nota enviada el 9 de febrero de 2024, el Ministerio nicaragüense señaló que el "no reconocimiento del asilo y la negación del salvoconducto constituyen una violación a las Convenciones sobre Asilo, en particular al Artículo 2, Disposición Tercera, de la Convención sobre Asilo de 1928, que establece claramente que el Gobierno del Estado que otorga el asilo puede exigir que el asilado sea expulsado del territorio nacional en el plazo más breve posible".
En la nota, además, se lee que "el asilo político debe ser respetado como un derecho humanitario, de acuerdo al derecho internacional y las leyes del país que otorga el asilo".
El expresidente Martinelli, de 71 años, que fue condenado a 10 años de prisión y 8 meses, y a pagar una multa de $19.2 millones en el caso New Business, se atrincheró desde el jueves 8 de febrero en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, alegando ser un perseguido político.
