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Tras auditoría, la Contraloría presenta denuncia contra Panama Ports Company (PPC)

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Panamá en Contexto
hace 15 horas
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El Contralor Anel Flores.
El Contralor Anel Flores.

Una denuncia penal por posibles irregularidades detectadas en la auditoría a la empresa Panama Ports Company (PPC), que operaba los puertos de Balboa y Cristóbal,  fue presentada por la Contraloría General de la República. 


De acuerdo a la Contraloría, la acción legal es por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública, a raíz de las presuntas anomalías detectadas.


Fue el martes 17 de noviembre que la institución llevó el recurso ante el Ministerio Público, pero lo dio a conocer este miércoles. 


La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría explicó que esto tiene  el propósito de que las autoridades competentes investiguen los hechos identificados y determinen si existen responsabilidades de carácter penal. 


La acción incluye a quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante dicho período y a la sociedad Panama Ports Company, S.A. 


Los posibles hallazgos, destaca la Contraloría, están contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, así como con sus respectivas adendas.


La auditoría abarcó el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, y evaluó, entre otros aspectos, las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus modificaciones.


De acuerdo con el informe, se identificaron posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, razón por la cual la Contraloría puso a disposición de la Procuraduría de la Nación la información y documentación correspondiente. 


“Los servidores públicos tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes aquellos hechos que, en el ejercicio de sus funciones, puedan revestir características de delito”, indicó la Contraloría en un comunicado. 


PPC operó los dos puertos en concesión desde 1997 hasta febrero de 2026, cuando el Estado panameño tomó el control tras declararse inconstitucional el contrato. 


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