Panamá se blinda contra el cibercrimen: Todo sobre la Ley Olimpia

Panamá está a punto de fortalecer su marco legal contra los delitos cibernéticos,  luego de que la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate la propuesta que establece en el país la  Ley Olimpia.

Se trata del proyecto de ley 61, que pasó a manos del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien deberá decidir si se convierte en ley o no. Dicha propuesta que modifica artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal fue impulsado por el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, junto con las diputadas Yarelis Rodríguez, de Vamos, y Ariana Coba, del Partido Panameñista, entre otros.

¿Qué dice la propuesta?

Entre las novedades que introduce la ley, se establecen definiciones clave como "sistema informático", "datos informáticos" y "proveedor de servicios". Estas definiciones son fundamentales para regular y tipificar adecuadamente los delitos relacionados con el cibercrimen.

Uno de los cambios más significativos es la modificación del artículo 151 del Código Penal. Ahora, se impondrán penas de 5 a 10 años de prisión a quienes, mediante violencia, intimidación o amenazas, obliguen a otra persona a entregar bienes, proporcionar información o aceptar acciones que le causen perjuicio. Las penas podrían incrementarse si se utilizan tecnologías, imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo, ya sean reales, simulados o generados.

La difusión de contenido íntimo sin consentimiento también será penalizada. Se establecen sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes compartan material íntimo sin autorización. Las penas aumentarán en casos específicos, como cuando la víctima sea menor de edad o se encuentre en situación de vulnerabilidad.

La ley refuerza las sanciones contra la producción, difusión y comercialización de material de abuso sexual infantil. Las penas oscilan entre 10 y 15 años de prisión, pudiendo llegar hasta 20 años si la víctima es menor de 14 años. Además, la posesión de este tipo de material será castigada con 5 a 10 años de cárcel, con sanciones adicionales si se utiliza tecnología para su almacenamiento o difusión.

El ciberacoso a menores, conocido como "grooming", también es abordado en la nueva legislación. Se impondrán penas de 2 a 4 años de prisión a quienes contacten a menores con el fin de cometer delitos sexuales. Si la víctima tiene menos de 14 años o es una persona con discapacidad, la pena aumentará a 6 años.

La suplantación de identidad mediante sistemas informáticos será castigada con penas de 2 a 4 años de prisión. Asimismo, se sancionará con igual severidad a quienes interfieran, intercepten o interrumpan comunicaciones no públicas de datos informáticos, y a quienes se apoderen o modifiquen datos en sistemas informáticos, especialmente si causan daños graves.

También se castigará a quienes obstaculicen o impidan el funcionamiento normal de un sistema informático utilizando medios ilícitos también será penalizado con penas de 2 a 4 años de prisión. Las sanciones se agravarán si los delitos afectan infraestructuras críticas, como hospitales, entidades financieras o datos sensibles de seguridad del Estado.

La ley también contempla sanciones para quienes fabriquen o distribuyan herramientas destinadas a cometer ciberdelitos, imponiendo penas de 2 a 4 años de prisión. En el ámbito de la cooperación internacional, se ajustan las normativas para mejorar la asistencia jurídica en la protección de datos y en investigaciones penales, permitiendo una colaboración más efectiva entre países.

Se introduce la posibilidad de prestar asistencia jurídica rápida en casos donde exista un riesgo inminente para la vida o la seguridad de las personas. Además, se autoriza la realización de testimonios mediante videoconferencia, garantizando el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.

Para fortalecer las investigaciones penales complejas, se crean equipos conjuntos entre diferentes jurisdicciones, facilitando el intercambio directo de pruebas y la coordinación eficiente. La conservación rápida de datos electrónicos específicos por hasta 90 días, prorrogables, será posible en el contexto de investigaciones penales.

La nueva facultad del Ministerio Público

El Ministerio Público tendrá la facultad de ordenar la grabación o el acceso en tiempo real a datos de tráfico y contenido en el marco de investigaciones penales. Se sancionará también la obtención y difusión de contraseñas o datos que permitan acceder a sistemas informáticos con el propósito de cometer delitos.

Finalmente, la ley establece que los datos personales en poder del Estado, en casos de asistencia jurídica internacional, solo podrán ser utilizados para los fines específicos por los que fueron requeridos, garantizando así la protección de la privacidad y los derechos de los ciudadanos.