Doce días después del terremoto: miles de familias entre viviendas destruidas, albergues y la incertidumbre de volver a empezar

Han pasado 12 días desde aquel viernes 9 de octubre, cuando a las 12:56 p. m. un fuerte terremoto en panamá, interrumpió la rutina de miles de panameños. El movimiento, de magnitud 7.5, tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

En cuestión de segundos, viviendas quedaron reducidas a escombros, paredes se agrietaron, carreteras sufrieron hundimientos y varias comunidades quedaron incomunicadas. La emergencia se extendió por buena parte del territorio nacional, aunque los mayores daños se concentraron en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, especialmente en poblaciones rurales donde numerosas familias perdieron sus hogares y pertenencias.

En La Pitaloza, distrito de Las Minas, provincia de Herrera, el terremotodejó viviendas colapsadas y familias que tuvieron que buscar refugio en espacios abiertos. En comunidades de Tonosí, Los Santos, las afectaciones alcanzaron no solo las casas, sino también las vías de comunicación y los servicios básicos.

En Búcaro, el escenario fue todavía más complejo. Al daño provocado por el sismo se sumó el avance del mar sobre nuevas áreas, dejando a la comunidad en una situación de mayor vulnerabilidad. Sus habitantes tuvieron que refugiarse en carpas mientras se evaluaban las condiciones para permanecer en el lugar.

La situación tampoco fue distinta en sectores de Soná, Veraguas, donde comunidades como Hicaco, Santa Catalina y otras poblaciones costeras enfrentaron daños en viviendas y dificultades de acceso.

Detrás de las estadísticas hay una realidad compartida: familias que deben decidir qué hacer con una casa agrietada, personas que perdieron sus pertenencias y padres que todavía no saben cuándo sus hijos podrán regresar a la escuela.

Más de 33 mil personas evaluadas y miles de viviendas inhabitables

Con el paso de los días, las cifras oficiales han permitido dimensionar la magnitud de los daños. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) reportó, con corte al mediodía del martes 20 de octubre, más de 33,200 personas y 10,100 viviendas evaluadas en las zonas afectadas.

De las estructuras inspeccionadas, más de 3,000 fueron clasificadas en estado rojo, debido a daños severos que las hacen inhabitables o representan una pérdida total. Cerca de 5,000 recibieron clasificación amarilla, correspondiente a viviendas que requieren reparaciones.

Un informe anterior del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), correspondiente a evaluaciones realizadas entre el 9 y el 19 de octubre, contabilizó 9,124 viviendas afectadas, donde residían 29,952 personas. De estas casas, 2,318 presentaban pérdida total, 5,546 daños moderados o parciales y 1,260 afectaciones leves.

Las diferencias entre ambos balances responden a fechas de corte y criterios de clasificación distintos. Sin embargo, los informes coinciden en un punto: la reconstrucción representa uno de los mayores desafíos tras la emergencia.

Para muchas familias, la prioridad ya no es recuperar los muebles o reparar una pared. Es saber si el terreno donde vivieron durante años sigue siendo seguro para levantar nuevamente su hogar.

La reconstrucción: el desafío de volver a tener una casa

El Gobierno anunció un programa inicial para construir 1,300 viviendas en sectores afectados de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Según el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), cada unidad tendrá un costo promedio estimado de licitación de $25,000, a lo que se sumarían al menos $2,000 por demolición, retiro de escombros y adecuación del terreno.

Entre las comunidades contempladas figuran La Colorada, en Los Santos; Soná, en Veraguas, y Pesé, en Herrera. Las autoridades también prevén intervenciones en Coclé.

Pero la necesidad supera el número de viviendas anunciadas inicialmente. Mientras se completan los estudios y las contrataciones, cientos de familias permanecen en refugios temporales, con la expectativa de recibir una solución habitacional definitiva.

El 10 de octubre, un día después del terremoto, el Consejo de Gabinete declaró el estado de emergencia nacional y autorizó destinar hasta $100 millones para atender las consecuencias del desastre.

Carreteras dañadas, escuelas cerradas y servicios interrumpidos

Las consecuencias del terremoto también se hicieron sentir en la movilidad, la educación y la atención médica.

En Los Santos, el puente sobre el río Oria, en la ruta utilizada por productores de Tonosí, quedó inhabilitado para el tránsito vehicular debido a daños estructurales. Su afectación representa una preocupación adicional para los agricultores, especialmente ante la proximidad de la cosecha de arroz.

En otras comunidades, las carreteras agrietadas, los hundimientos y los desprendimientos de tierra complicaron el traslado de alimentos, personal de emergencia y asistencia humanitaria.

Según el balance gubernamental presentado el 16 de octubre, se había restablecido la circulación en el 92 % de las vías afectadas y se habían intervenido 22 puentes que registraron daños.

En materia educativa, el terremoto obligó a suspender las clases presenciales en numerosas escuelas mientras ingenieros y técnicos verificaban las condiciones de sus instalaciones.

Herrera figura entre las provincias con mayores daños en infraestructura escolar. En comunidades donde las escuelas quedaron destruidas, el desafío no consiste únicamente en reanudar las clases, sino en encontrar espacios seguros para que los estudiantes puedan continuar el año lectivo.

El Ministerio de Educación anunció un retorno progresivo a las aulas a partir de este miércoles 21 de octubre en 12 regiones educativas, sujeto a las evaluaciones estructurales.

En salud, el Gobierno reportó que, al 16 de octubre, el 96 % de las instalaciones sanitarias había retomado sus servicios de manera total o parcial. También se habilitaron módulos temporales para mantener la atención médica en zonas afectadas.

La emergencia dejó además una víctima mortal confirmada: Elena Barría, de 68 años, quien había resultado gravemente herida durante el terremoto y falleció el 14 de octubre en la Ciudad de la Salud, según la Caja de Seguro Social.

La solidaridad internacional llega a las comunidades afectadas

La respuesta a la emergencia también movilizó ayuda fuera de las fronteras panameñas.

Estados Unidos destinó $5 millones en asistencia humanitaria. Parte de esos recursos permitió instalar, mediante el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, un albergue temporal en La Pericada, provincia de Los Santos, con capacidad para 400 residentes de Isla Cañas.

El organismo internacional también habilitó dos almacenes móviles: uno en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, en Las Tablas, y otro en el Hospital Rural de Tonosí, para facilitar la distribución de suministros y apoyar la atención sanitaria.

La cooperación se extendió a otros países. Costa Rica envió equipos médicos para reforzar la atención a los damnificados, mientras Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y El Salvador expresaron su solidaridad y disposición a colaborar con Panamá. La Cancillería asumió la coordinación de los ofrecimientos internacionales para dirigirlos hacia las necesidades identificadas.

En el ámbito financiero, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una donación de $250,000 y ofreció una línea de crédito de emergencia de hasta $50 millones. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, también confirmó acercamientos con el BID, Banco Mundial, FMI y BCIE. Estos ofrecimientos no equivalen necesariamente a fondos ya desembolsados.

Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja activó un fondo de emergencia de aproximadamente $745,000 para asistir principalmente a familias de Herrera y Los Santos durante los próximos meses.

La ayuda ha incluido alimentos, agua, suministros médicos, refugios y artículos de primera necesidad. De acuerdo con el informe gubernamental del 16 de octubre, se habían distribuido 20,000 bolsas de alimentos del Instituto de Mercadeo Agropecuario y movilizado más de 465 toneladas de asistencia humanitaria.

Las lluvias: una nueva amenaza sobre terrenos debilitados

Cuando las comunidades todavía intentan recuperarse del terremoto, la temporada lluviosa plantea nuevos riesgos.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó preliminarmente al menos 2,351 deslizamientos de tierra asociados al sismo, mediante imágenes satelitales. La cifra podría aumentar conforme se completen los análisis y las verificaciones en campo.

El problema no se limita a las laderas que ya cedieron. En algunos puntos, los desprendimientos de rocas, troncos y sedimentos han obstruido quebradas y cauces, formando represamientos naturales que podrían desbordarse ante lluvias intensas.

Por esa razón, el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene una alerta verde y vigilancia permanente en las áreas vulnerables, siguiendo los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Para quienes permanecen en albergues o viviendas parcialmente dañadas, las precipitaciones representan una preocupación adicional. Las autoridades han advertido que los terrenos afectados por el movimiento sísmico podrían registrar nuevos deslizamientos, incluso en lugares donde aparentemente ya había pasado el peligro.

La vigilancia se concentra especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas y laderas inestables.

Doce días después, la emergencia continúa

La atención inicial permitió abrir carreteras, restablecer servicios y llevar asistencia a numerosas comunidades. Sin embargo, la recuperación está lejos de concluir.

Quedan viviendas por evaluar, familias que necesitan una solución habitacional, escuelas pendientes de reparación y comunidades donde las condiciones del terreno deberán estudiarse antes de reconstruir.

El Gobierno sostiene que la atención a los damnificados continuará de manera prioritaria. La reconstrucción, no obstante, deberá responder a una pregunta que hoy preocupa a muchas familias: si podrán regresar al lugar donde vivían o tendrán que comenzar de nuevo en otro sitio.

Para quienes perdieron sus hogares, el paso de los días no significa necesariamente un retorno a la normalidad. Algunos esperan una evaluación técnica; otros, materiales para reparar sus casas o una vivienda nueva. También están quienes necesitan que se restablezca el acceso a sus comunidades para recuperar sus actividades productivas.

Este miércoles 21 de octubre se cumplen 12 días del terremoto que cambió la vida de miles de panameños. El país ha comenzado a levantar escombros y a reconstruir caminos, pero la tarea más prolongada será devolverles a las familias la seguridad de tener un lugar donde vivir.